La
escasez cada vez más acentuada del agua, la convierte, desde la
óptica empresaria, en una mercancía de gran valor,
y figura como tal dentro de los tratados comerciales acordados entre Estados
Unidos, Canadá y México.
En
un contexto mundial de escasez, derroches, ineficiencia y contaminación
se prepara el caldo de cultivo ideal para que las trasnacionales del agua
y sus inversionistas encuentren descaradamente «una oportunidad
comercial óptima».
El
diario canadiense The Globe and Mail auguró pocos años atrás
que la privatización del agua sería la gran industria nacional
del Canadá del siguiente decenio y que las inversiones en este
sector se calcularían en decenas de millares de millones de dólares.
El agua se está convirtiendo rápidamente en una industria
empresarial mundializada. En su edición de Mayo 2000, la revista
Fortune indicaba que, ante un mundo receloso de las fluctuaciones de la
Bolsa en el sector tecnológico, el agua viene a ser la inversión
del siglo. El Banco Mundial establece el valor del mercado actual
en un billón de dólares; pero las posibilidades
de lucro son infinitas, ya que por el momento, las empresas abastecen
únicamente a un cinco por ciento de la población
mundial.
Para las grandes empresas de los países industrializados, el control
de los espacios geopolíticos de cualquier parte del planeta donde
se encuentran grandes reservas de recursos estratégicos como el
agua dulce, (en América del sur el acuífero Guaraní,
el Raigón, la Amazonia, la Patagonia Argentina, la confluencia
fluvial en la denominada Triple Frontera (entronque de los ríos
Paraguay y Paraná), el lago Titicaca, entre las principales) se
presentan como áreas de alto valor económico y geopolítico,
pues los denominados “zares del agua dulce” han fijado sus
objetivo en controlar, explotar y administrar dicho recurso como lo han
hecho otros “zares” en las áreas petrolíferas
y de gas natural, que en muchos casos se encuentran en extensas zonas
que guardan, a su vez, gran reserva hídrica como es el caso de
conocidos territorios del Medio Oriente.
Hay
un grupo de corporaciones que controla hoy el agua a escala mundial. Es
un negocio muy lucrativo que representa una enorme cantidad de dinero.
Este negocio está monopolizado por tres corporaciones transnacionales:
Suez Lyonnaise des Eaux y Vivendi, ambas de Francia, y la tercera es RWE,
de Alemania. Las dos primeras controlan en la actualidad los dos tercios
del mercado mundial del agua. Aunque por ahora sólo entre el 5
y el 7 por ciento de los servicios de agua ha sido privatizado y el resto
permanece en manos públicas, las corporaciones apuntan a invertir
completamente esta relación. Una vez que ellas toman el control
de los servicios de agua establecen un modelo de producción cuyo
único objetivo es la obtención del máximo lucro.
En general la privatización del agua conduce a una pérdida
muy apreciable en la calidad del servicio.
Antes
de que la gente acabara de tomar conciencia de la dimensión que
tiene la crisis del agua las corporaciones ya la habían previsto
y formaron un cártel para apropiarse de ella. Estas poderosas alianzas
tienen capacidad de influir enormemente en instituciones multilaterales
como el Banco Mundial y en los bancos regionales de desarrollo. Es sabido,
por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional está presionando
a los países que padecen una crisis monetaria y económica
como el nuestro, para que -entre otras cosas- privaticen el agua como
condición para liberar los créditos. También tienen
una gran influencia en la definición de los acuerdos internacionales
de comercio como la proyectada Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), o la Organización Mundial de Comercio (OMC) para que sus
pretensiones queden incluidas en esos acuerdos y se tornen virtualmente
irreversibles.
Los gobiernos están renunciando al control de las aguas que les
compete administrar mediante su participación en esos acuerdos
comerciales como puedan ser el Acuerdo de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN o NAFTA en inglés), sucedido por el Área
de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la Organización
Mundial del Comercio (OMC). Lo que hacen estas instituciones mundiales
en realidad es darle a las grandes multinacionales un acceso sin precedentes
al agua de los países signatarios.
Gracias
al respaldo de estos acuerdos comerciales internacionales, las empresas
tienen la mirada puesta en el transporte del agua a granel, mediante canales
de desvío y grandes barcos petroleros. Varias empresas se encuentran
desarrollando tecnologías para cargar grandes cantidades de agua
potable en enormes sacos sellados que pretenden remolcar por vía
marítima para su venta.
Todas
las instituciones multilaterales de crédito, del comercio y de
las finanzas estaban presentes en la última Cumbre Mundial del
Desarrollo Sustentable. En esa oportunidad las corporaciones lograron
desnaturalizar la agenda prevista e impusieron su orden del día,
con los puntos que le interesan a la OMC. Otro tanto hicieron en el reciente
Foro Mundial del Agua celebrado en Kyoto. Allí participó,
en su carácter de presidente del Panel Mundial para la Financiación
Internacional del Agua, un viejo conocido de los argentinos, el ex director
gerente del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus. El informe
presentado por Camdessus fue duramente criticado por las ONG que asistieron
al encuentro de Kyoto, pues abre las puertas a la participación
de las compañías privadas en los servicios de suministro
de agua dulce. Como el flujo mundial de fondos para atender la crisis
del agua descendió a niveles muy bajos, el ex presidente del FMI
sugiere -como siempre- que para revertir esa tendencia, las naciones en
desarrollo deben atraer a capitales privados.
En
los últimos tiempos, las corporaciones están cambiando la
presentación en sociedad de su rapiña privatizadora, y ahora
le llaman “iniciativa de asociación pública y privada”.
Esta nueva modalidad es inclusive mejor para ellas, porque les garantiza
que durante 30, 50 o 100 años estarán asociadas, por ejemplo,
con un gobierno municipal y se podrán mantener en esa posición
aún cuando no ofrezcan un buen servicio o la calidad del agua sea
mala.
LA SOCIEDAD SE ORGANIZA EN DEFENSA DEL AGUA
La
avanzada de las corporaciones ha generado sin embargo reacciones entre
los movimientos sociales en todo el mundo
En
el Tercer Foro Mundial del Agua, movimientos sociales de todos los continentes
les dijeron "No" a los impulsores del modelo privatizador del
agua en el mundo. Esto se expresó en una declaración realizada
en Kyoto –donde se desarrollaba el foro- y que contó con
la adhesión de más de 200 organizaciones sociales de todo
el mundo.
A
mediados de octubre de 2004 se llevó a cabo el Seminario Internacional
sobre el Acuífero Guaraní cuyos documentos iniciales hacían
referencia al agua como "mercancía" y abrían la
puerta a su privatización. La activa participación en las
discusiones de integrantes del Foro Social de la Triple Frontera produjo
importantes cambios en la redacción del documento final conocido
como "Carta de Foz de Iguazú". Fueron eliminados del
mismo términos como "mercancía" y "privatización"
y se dio al agua la categoría de derecho humano fundamental, derecho
cultural y derecho social inalienable. Se introdujo además una
declaración en la que se solicita que la reserva de agua subterránea
contenida en el acuífero sea declarada bien público y protegida
por los gobiernos y poblaciones de cada uno de los países bajo
cuyo suelo se encuentra.
Conjuntamente
con las recientes elecciones presidenciales del Uruguay, en las que se
impuso la coalición de izquierda Frente Amplio, se realizó
un plebiscito para reformar la constitución y declarar el agua
y el servicio de saneamiento bienes públicos no sujetos a privatización.
El pueblo uruguayo se pronunció masivamente a favor de esta opción.
El
agua es un recurso natural que nos pertenece a todos, es además
un bien escaso que debe ser administrado racionalmente y no puede quedar
sujeto a las leyes del mercado. Creemos que este recurso vital no debe
convertirse en una mercancía que se pretende vender al mejor postor,
y que el acceso al agua potable para cubrir nuestras primeras necesidades
constituye un derecho humano fundamental.
Se
deben tomar medidas sin más tardar para declarar que las aguas
son un bien público y poner en pie sólidas estructuras de
reglamentación para protegerlas. El agua debe ser exonerada inmediatamente
de todo acuerdo internacional, bilateral y de libre comercio e inversiones,
existente o futuro.
